Tegucigalpa – La Fiscalía hondureña pidió este martes de 81 a 128 años de reclusión para la exprimera dama, Rosa Elena Bonilla, en el caso conocido como “Caja Chica de la Dama”.

La exprimera dama es acusada por ocho delitos de fraude, tres de malversación de caudales públicos y uno de lavado de activos a título de autora.

De acuerdo al Código Penal, el delito de fraude es penado con reclusión de entre seis a nueve años y la de malversación de caudales públicos de tres a seis años.

Mientras que el delito de lavado de activos es castigado de 15 a 20 años de prisión según el decreto 45-2002 de la Ley de Lavado de Activos.

Asimismo, solicitó sentencia condenatoria a Mauricio Mora y Saúl Escobar, por ocho delitos de fraude, uno de lavado de activos y uno de confabulación para lavar activos como cooperador.

Para ambos imputados, las penas serían de 69 a 102 años de reclusión.

Conclusiones

Este martes, la Fiscalía junto a la Procuraduría General de la República (PGR), realizaron sus conclusiones del juicio oral y público en la que enlazaron los delitos de fraude, malversación de caudales públicos, lavado de activos y confabulación para lavar activos.

La Fiscalía concluyó que la exprimera dama cometió fraude emitiendo cheques provenientes desde la cuenta del Despacho de la Primera Dama a ocho personas naturales.

Los fiscales señalaron que estas personas naturales no eran zapateros, ni proveedores que no tienen bases de datos de la Oficina Nacional de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE).

Además, sostuvieron que no existen registros de las personas naturales como comerciante individual en la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), ni declaraciones de impuestos en el Servicio Administradora de Rentas (SAR).

Las ocho personas son Alex Salomón Romero Fong, Dauryl Daniel Guerrero Ramos, Orvin Naun García Flores, Glenda Patricia Valle, Damián Soto, Ireska Beatriz Valle Oliva, Germán Chávez Cruz y Luis Manuel Esquivel por una cifra de seis millones 096 mil 424 lempiras.

Los fiscales detallaron que el modus operandi es que la exprimera dama emitió los cheques mientras Saúl Escobar elaboró los contratos y eran firmados en la oficina de la Unidad de Desarrollo Comunitario (Udeco), en la que Mauricio Mora era su coordinador.

Revelaron que el modus operandi era que Julio Galdámez quien era el enlace del Programa de Asignación Familiar (Praf), contactaba personas desempleadas para firmar los contratos en la oficina de Udeco en presencia de Mauricio Mora y Saúl Escobar.

Los fiscales adicionaron que las personas (testigos de la Fiscalía), asistieron a una institución bancaria donde Julio Galdámez los esperaba y les daba varios cheques de menor cantidad para cambiarlos.

Luego de cambiar los cheques, los testigos devolvieron los fondos a Julio Galdámez en un estacionamiento de la institución bancaria y posteriormente, era entregado a Mauricio Mora que estaba esperando en una camioneta negra, misma que coincidió con el vehículo encontrado en su vivienda durante el allanamiento.

“Ellos hacían este tramo para dar una apariencia de legalidad en la que los falsos zapateros no se beneficiaron y solo recibieron una pequeña comisión”, dijo la fiscal del Ministerio Público.

Exprimera dama se apropio de fondos públicos

La Fiscalía aseveró que la imputada cometió delito de malversación de caudales públicos apropiándose de 12 millones 272 mil 051 lempiras con 52 centavos de la cuenta del Despacho de la Primera Dama trasladándolos a una cuenta personal que apertura el 22 de enero de 2014.

“Incorporó fondos públicos a su patrimonio personal”, exclamó la fiscal.

Los 12 millones 272 mil 051 lempiras con 12 centavos fueron distribuidos en 45 cheques, de las cuales 20 eran para personas naturales, siete para personas jurídicas y uno para Casa Presidencial como devolución.

La Fiscalía resaltó que la imputada no tenía que apropiarse de fondos públicos “en caso que quedaban pagos pendientes tenía que hacer un informe a la administración siguiente para que ejecutara los pagos”.

Señaló que la exprimera dama no siguió el procedimiento de devolver los fondos cinco días después de retirarlos de la cuenta estatal y depositarlo en la Tesorería General de la República.

Por otro lado, Ministerio Público indicó que los otros dos delitos de malversación de caudales públicos son los cheques emitidos a Saúl Escobar y Julio Galdámez sin justificación alguna.

Julio Galdámez recibió cinco cheques de la imputada por un total de 119 mil 800 lempiras mientras que Escobar fue beneficiado con la misma cantidad de cheques por un valor de 387 mil 125 lempiras.

Por otra parte, el Ministerio Público puntualizó que la imputada quiso liquidar fondos de Casa Presidencial y del Patronato Nacional de la Infancia (Pani), con un solo cheque.

Imputados lavaron dinero en pocas cantidades

La Fiscalía demostró que los imputados cometieron delito de lavado de activos a través del llamado “Método de Pitufeo”, es decir, lavaron dinero en pocas cantidades.

“Es la utilización de varias personas naturales en la que les emiten varios cheques en cantidades menores para introducirlos en el sistema financiero evitando un reporte de operación sospechosa”, dijeron los fiscales.

La Fiscalía arguyó que los imputados utilizaban este método para ocultar el origen del dinero proveniente de actos ilícitos.

Añadieron que las ocho personas que fueron utilizados como proveedores recibieron cheques de la cuenta personal de la exprimera dama entre el 7 de febrero al 19 de febrero de 2014, fechas que la imputada ya había abandonado el cargo público.

Estas personas recibieron un total de ocho millones 526 mil 424 lempiras que es dinero público proveniente de la cuenta personal de la acusada.

Ejemplificó la emisión de dos cheques por un total de tres millones de lempiras de la exprimera dama hacia la empresa Inversiones Acrópolis, siendo su socio principal Francisco Arturo Mejía.

Detalló que la empresa trasladó los tres millones de lempiras a la señora Mercedes Hortensia Salinas y está vendió un bien inmueble a la esposa de Francisco Mejía, Waldina Lizeth Salgado.

La Fiscalía concluyó que los imputados poseyeron, custodiaron, utilizaron, trasladaron y ocultaron dinero proveniente de actos ilícitos.

Además, utilizaron terceras personas para la confabulación de lavado de activos en la que se facilitaron y beneficiaron los imputados.

Niegan recusación de la defensa

Las defensas de los acusados presentaron previamente un recurso de recusación arguyendo que los jueces del Tribunal de Sentencia vertieron opiniones en una publicación de un medio impreso.

El Tribunal lo declaró sin lugar arguyendo que no reunía los requisitos necesarios para la recusación.

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