La policía ha ingresado en los domicilios de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Busca algún rastro que confirme los dichos de una docena de “arrepentidos”, empresarios y exfuncionarios kirchneristas que dieron al juez Claudio Bonadio detalles de una supuesta red de sobornos financiada con el dinero de la obra pública. Los registros han sido el hito más esperado de la investigación. Todas las cadenas de televisión mostraron en directo el ingreso de decenas de peritos al piso de la expresidenta en Buenos Aires y a otras dos casas en la provincia patagónica de Santa Cruz. Kirchner pidió ayer al Senado que suspenda sus fueros como parlamentaria y dé luz verde a los registros judiciales. Pero usó su discurso en el recinto para reiterar que es víctima de una persecución. “No me arrepiento de nada”, dijo minutos antes de emitir su voto positivo.
Bonadio no espera que un registro anunciado desde hace semanas le permita encontrar dinero sucio, pero sí corroborar si las descripciones de los inmuebles dadas por los testigos coinciden con la realidad. En cualquier caso, el de hoy ha sido el procedimiento más mediático de la llamada “causa de los cuadernos”, por las anotaciones que durante 10 años realizó un chófer de altos cargos, testigo del presunto traslado de bolsos cargados de dinero, producto de los sobornos aportados por compañías con contratos con el Estado.
Los empresarios arrepentidos confirmaron los pagos y describieron una red destinada a cartelizar la obra pública con el reparto acordado de los contratos. Dos exfuncionarios, entre ellos el exsecretario de Obras Públicas, José López, atrapado in fraganti hace dos años cuando intentaba ocultar 9 millones de dólares en un convento, apuntaron contra Néstor y Cristina Kirchner como jefes del entramado. Claudio Uberti, que oficiaba como recaudador, dijo además que vio bolsos rebosantes de dólares en el piso de la expresidenta en Buenos Aires.
El despliegue policial estuvo a la altura de las expectativas mediáticas. Una caravana de vehículos todoterreno se estacionó frente al piso e interrumpió el tránsito, mientras decenas de policías antimotines franquearon la puerta de ingreso a periodistas y curiosos. Los peritos entraron de a uno, vestidos de blanco los policías científicos y con equipos más sofisticados los expertos en explosivos y los operadores de los equipos de rayos X, aptos para descubrir sitios ocultos de guarda. El contingente lo completaron los perros rastreadores de dólares, pesos argentinos y euros.
Toda la prensa argentina concentró sus esfuerzos del día en no perder detalle de los tres domicilios de Kirchner, repartidos entre Buenos Aires y las ciudades patagónicas de Río Gallegos y El Calafate. El abogado de Fernández de Kirchner, Gregorio Dalbón, se presentó temprano frente al piso de Recoleta, un barrio acomodado de la capital argentina, con medialunas y café para los periodistas que montaban guardia desde la madrugada. “Hace frío y quiero que estén mejor”, dijo entre un racimo cerrado de micrófonos.
Dalbón confirmó entonces que la expresidenta no estaba en su departamento sino en el de su hija y luego apuntó contra Bonadio, un juez al que intentó sin éxito apartar de la investigación por presunta “animosidad”. “Esto es más algo que quiso hacer Bonadio para humillar a Cristina. Es abstracto el allanamiento porque en el departamento no hay nada más que recuerdos y cosas personales de la expresidenta. Lo que están haciendo es hostigarla. Querían circo, acá tienen circo”, dijo el abogado de la expresidenta.
La causa de los cuadernos nació tras la filtración al diario La Nación de ocho cuadernos de Oscar Centeno, chófer de Roberto Baratta, el segundo del ministro Julio de Vido en el poderoso ministerio de Planificación Federal. De Vido tuvo a su cargo durante los 12 años de kirchnerismo toda la obra pública y Centeno fue testigo de la ruta del presunto dinero sucio que circuló entre los empresarios beneficiados con los contratos y exfuncionarios corruptos. Esas piezas manuscritas dispararon una serie de delaciones premiadas que terminaron por destapar un caso de derivaciones imprevisibles.
“Está funcionando la Justicia, que trabaja en forma independiente, y está funcionado el Congreso. Cada uno tiene que tener las garantías de un proceso judicial como cualquier ciudadano. Cuando se trata de una expresidenta tenemos que generar aún más esas garantías”, dijo el jefe de Ministros, Marcos Peña, consultado sobre los registros ordenados por Bonadio. La causa de los cuadernos no pasa desapercibida en el Casa Rosada.
Uno de los arrepentidos es el primo del presidente Mauricio Macri, Angelo Calcaterra, dueño de Iecsa, una de las empresas constructoras del holding familiar. Hasta donde llegará la cadena de responsabilidades dependerá del juez, concentrado, al menos por ahora, en recolectar pruebas que le permitan procesar a Fernández de Kirchner.
